Sentencia ganada: Recurso contencioso-disciplinario militar por una presunta falta leve de un Guardia Civil

Resumen del caso

Compartimos otra sentencia ganada en un recurso contencioso-disciplinario militar ordinario interpuesto por un Guardia Civil con motivo de la presunta comisión de una falta disciplinaria leve.

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Sentencia

RECURSO CONTENCIOSO DISCIPLINARIO MILITAR ORDINARIO NÚM. 013/22 .

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL PRIMERO

ILUSTRÍSIMOS SEÑORES

Coronel Auditor D. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

VOCAL TOGADO

Comandante Auditor D. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

VOCAL MILITAR

Comandante de la Guardia Civil D. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

En Madrid, a 30 de noviembre de 2023. el Tribunal Militar Territorial Primero, formado como al margen se indica, dicta, EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, la siguiente

SENTENCIA

En el presente recurso contencioso disciplinario militar ordinario, han sido partes la expresada recurrente, Dña. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  y la Administración, representada por el Abogado del Estado; siendo ponente el Vocal Togado Comandante Auditor don XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX quien redacta la presente Sentencia con la que expresa el unánime parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante escrito presentado en tiempo y forma, la demandante, destinada, en el momento de producirse los hechos, en la Sección de Seguridad CP de Alcalá de Henares, interpuso recurso contencioso disciplinario militar contra la sanción de pérdida de un día de haberes con suspensión de funciones, impuesta por el Teniente Jefe Accidental de la Compañía, en fecha 17 de junio de 2022, como autora de la falta leve prevista y sancionada en el apartado 2 del artículo 9 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, consistente en: «la incomparecencia a prestar un servicio, la ausencia de él, la desatención o la colocación en situación de no ser localizado para prestarlo”.

Dicha resolución sancionadora fue impugnada en alzada ante el General Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Madrid que la desestimó mediante resolución de fecha 22 de agosto de 2022.

SEGUNDO.- Admitido a trámite dicho escrito e incoado el procedimiento, se reclamó el expediente disciplinario, dándose traslado del mismo al recurrente para formular la demanda, lo que efectuó (folios 24 a 27), solicitando, en síntesis, que se declare la nulidad de las mentadas resoluciones, por estimar que la sanción impuesta lo había sido con ocasión de haberse causado: indefensión y conculcado el principio de legalidad en su vertiente de tipicidad absoluta.

TERCERO.- Efectuado el traslado de las actuaciones al Abogado del Estado, formula sus contestación solicitando la desestimación del recurso interpuesto.

La demandante solicitó el recibimiento a prueba del procedimiento, que fue admitido por este Tribunal que, a su vez, desestimó la práctica de las propuestas por considerarlas inútiles. A continuación, evacuaron sus conclusiones respectivas, señalándose, por la Secretaría Relatoría, fecha para votación y fallo y dictándose y redactándose la sentencia en el mismo día.

A la vista de las pruebas y documentos obrantes en el expediente sancionador, se declaran como

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Que, la sanción de un día de pérdida de haberes con suspensión de funciones, como se dijo en la exposición fáctica, le fue impuesta a la recurrente por el Teniente Jefe Accidental de la Compañía, en fecha 17 de junio de 2022, como autora de la falta leve prevista y sancionada en el apartado 2 del artículo 9 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, consistente en: “La incomparecencia a prestar un servicio, la ausencia de él, la desatención o la colocación en situación de no ser localizado para prestarlo”, resolución que fue impugnada en alzada ante el General Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Madrid, que la desestimó mediante resolución de fecha 22 de agosto de 2022.

SEGUNDO.- Que, los hechos apreciados por el Mando para la imposición de la sanción recurrida, tal y como se recogen en la misma fueron los siguientes:

«Sobre las 17:48 horas del pasado día 01 de febrero de 2022, mientras la Guardia civil Dña. XXXXXXXXXX … prestaba servicio de seguridad… al haberlo en la sala de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)… fue sorprendida por el Teniente D. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  hablando con unos compañeros en otra estancia del edificio del Centro Penitenciario Madrid I (mujeres)… desatendiendo así el servicio de seguridad que tenía encomendado».

El Tribunal ha llegado a la convicción de que los hechos probados relevantes para dictar sentencia son los que antes han quedado transcritos en base a la consideración y valoración de los siguientes medios de prueba: la documental obrante en autos, consistente en el expediente administrativo sancionador y las pruebas en él practicadas.

FUNDAMENTOS LEGALES

I

En el recurso contencioso disciplinario militar ordinario, como es sabido, se hallan concernidas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 448 de la Ley Procesal Militar, las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos recurribles de las autoridades y mandos militares sancionadores dictados en aplicación de la legislación disciplinaria militar, respecto de las que este Tribunal juzga con cognición plena. Así pues, en el caso presente, han de examinarse las vulneraciones denunciadas no sólo de la legalidad constitucional sino también de la ordinaria y la existencia y acreditación de daños y perjuicios; así:

En primer término, aduce la representación letrada de la recurrente que en el procedimiento sancionador se le ocasionó indefensión, vinculando la misma a que «no fue citada para la práctica de las declaraciones, únicamente como testigo, así como a la testifical del dador del parte, sin embargo, no fuimos citados para la práctica de las declaraciones del resto de testigos. El expediente administrativo no se encuentra foliedo, lo que dificulta señalar las citaciones, pero se puede comprobar como las citaciones que obran el procedimiento están dirigidas e los testigos que tienen que comparecer. Así se cita al teniente dador del parte, al Sargento XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  ; a la expedientada, Dª XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  , se le informa de su citación para las 11,50 horas, indicándose que tiene derecho a acudir con letrado, y que se la cita a las 10:30 horas el mismo día 18 de mayo de 2022, para proceder a la testifical del Teniente promotor del parte, nada dice del resto de expedientados/ seguidamente consta en el procedimiento la citación a D. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  ; a XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX . Todas y cada una de esas citaciones se encuentran firmadas por los guardias citados y solamente la citación entregada a la recurrente para su propia declaración y la del dador del parte se encuentra firmada por la misma. Tal es así que cuando la recurrente llegó a las 11:50 h, el resto de las declaraciones ya habían sido realizadas, desconociendo que se habían producido. Si se observa las mismas se comprueba que ninguna de ellas, salvo en la del dador del parte, se menciona la falta de asistencia de la expedientada en el apartado de observaciones”.

La indefensión planteada, en definitiva, se centra en determinar si se ha cumplimentado o no el procedimiento establecido en la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. A este respecto, no podemos sino partir de la base de que las garantías contenidas en el artículo 24 de la Constitución, aunque nacidas en el seno del proceso penal, son también aplicables al procedimiento administrativo sancionador, pues en ambos casos, nos encontramos ante manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, como así ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por citar, SSTC 18/1981 y 7/1998), lo que adquiere una especial relevancia en el ámbito del Derecho Disciplinario Militar por la naturaleza de las sanciones, restrictivas O privativas de libertad, que dentro de él pueden imponerse. Haciéndose eco de esta doctrina constitucional, la Sala V del Tribunal Supremo (STS de 16 de julio de 2001), declara que las garantías previstas en el artículo 24 de nuestra Carta Magna resultan de aplicación a la actividad sancionadora de la Administración en la medida que son necesarias para preservar los valores que se encuentran en la base del precepto constitucional citado y que resulten incompatibles con la naturaleza de dicho procedimiento administrativo sancionador.

En este conjunto de garantías se destaca el derecho de defensa, afirmándose la exigencia -a la que alude la Sentencia de la Sala V del Tribunal Supremo de 16 de Julio de 2001- de que el implicado disfrute de la posibilidad de defenderse, previamente a la toma de decisión, y, por tanto, que la Administración siga un procedimiento en el que el expedientado tenga oportunidad de aportar y proponer pruebas, utilizando los medios pertinentes para su defensa, y alegando lo que a su derecho convenga (SSTC 93/1992, 1143/1995, 56/1998, 127/1996 y 83/1997), lo que exige ser informado con anterioridad de la acusación (SSTC 297/1993 y 45/1997, entre otras). Actividad que, efectivamente, el interesado pudo desplegar en toda su magnitud.

Expuesto lo anterior, en el presente caso, entendemos que ha ha habido conculcación del derecho invocado. Sobre este particular, y tal y como bien argumenta la parte actora, el artículo 46 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil establece expresamente que “La práctica de las pruebas admitidas, así como las acordadas de oficio, se notificará previamente al interesado, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, indicándole el lugar la fecha y la hora en que deba realizarse, y se le advertirá de que puede asistir a ella e intervenir en la misma asistido de su abogado”.

Y su párrafo 4 que: «Las pruebas que se practiquen durante la tramitación del expediente, se llevarán a cabo, en todo caso, respetando el principio de inmediatez y el derecho del interesado de asistir a las mismas”.

Y es que, efectivamente, fiscalizadas por esta Sala las actuaciones del instructor en lo atinente a la presente alegación se constata la veracidad de lo expuesto por la parte actora sobre que solo fue advertida de la fecha y hora de su propia declaración y la del dador del parte, pero no del resto de testigos. Este hecho -vistas las circunstancias del presente caso, en las que se hace necesario concretar y acreditar cuales fueron las circunstancias en las que se produjo la desatención del servicio que se investigaba, esto es si hubo causa de justificación, el tiempo de duración del mismo, si la versión dada por el dador del parte era confirmada por testigos periféricos…etc.- hacía necesario la posibilidad de participación de la encartada en la totalidad de las declaraciones testificales. Por tanto, no solo es que se impidió la garantía de la posible contradicción, sino que ésta, a juicio de la sala, pudiera haber sido esclarecedora en la concreción y matización de los hechos atribuidos a la hoy recurrente.

Por todo lo expuesto debe estimarse la pretensión del demandante de nulidad de lo actuado por su vulneración del Derecho de Defensa.

II

Siguiendo con lo manifestado en el fundamento anterior, denuncia el recurrente la vulneración del derecho a la legalidad sancionadora, respecto a esta alegación debemos de significar, de manera sucinta, lo siguiente:

El principio de legalidad, contemplado en el artículo 25.1º de la Constitución y aplicable al ámbito sancionador administrativo, se basa en los requisitos de «lex previa» y «lex certa«, y exige, por tanto, «que la acción punible esté previamente determinada y sancionada en la Ley antes de que se realice, pues luego de cometida ninguna acción puede ser transformada en punible o sancionable si con anterioridad no ha sido definida como tal; es el viejo principio enunciado en el Derecho Penal «nullum crimen, nulla pena sine lege», trasladado al campo de las infracciones administrativas 0 disciplinarias» (Sentencias de la Sala V del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 1.990 y de 16 de mayo de 1.997, entre otras).

Ahora bien, cabe señalar que al hallarnos en un proceso de objeto limitado a la tutela de derechos fundamentales, no procede aquí admitir alegación alguna «que exceda del denominado principio de tipicidad absoluta, consistente en la comprobación de «si el hecho sancionado está o no tipificado en la Ley y no en discutir su concreta calificación jurídica, de modo que sólo existirá conculcación del artículo 25.1 de nuestra Carta Magna cuando se haya sancionado a una persona por un hecho que no constituye falta alguna, esto es, que no sea típico.

Según una amplia y consolidada doctrina de la Sala V del Tribunal Supremo (por citar, SSTS de 14 de enero de 1991, 4 de noviembre de 1992, 2 de junio de 1993, 21 de diciembre de 1994, 19 de diciembre de 1996…), “la vulneración del principio de legalidad no se produce cuando los hechos resulten subsumibles en un precepto sancionador en vigor y, en definitiva, merezcan ser calificados bajo cualquiera de las previsiones de la ley disciplinaria aplicable, aún cuando la infracción aplicada no fuera la más adecuada, pues siendo posible la subsunción mencionadas, Y; en consecuencia, pudiendo la conducta ser sancionada, no existirá más que una cuestión de legalidad ordinaria ajena al ámbito del proceso especial en que nos hallamos”.

En lo tocante al caso que nos ocupa:

Efectivamente, tal y como reconoce la demandante el día de los hechos tenía nombrado servicio en el Puesto de cámaras y en un momento dado acudió al aseo, permaneciendo en el mismo durante tres minutos. Momento en el que llamo el oficial Jefe de la Sección de Seguridad del CP de Alcalá de Henares, a la puerta al que procedió a abrir la puerta de manera inmediata. En la versión dada por el dador del parte se incide en que se debió tocar tres veces el timbre y que pudo observar como la sancionada sala corriendo del cuarto de conducciones, accionándose segundo después el mecanismo de apertura de la puerta, pretextando la titular del servicio que había tenido que acudir al servicio.

Sin embargo, en la resolución sancionadora se afirma por el dador del parte y Órgano sancionador que «abandonó dicha sala para atender necesidades fisiológicas… y, no obstante, se entretuvo hablando con sus compañeros en el hall del edificio, durante unos 4 o 3 minutos aproximadamente, alargando así, de forma injustificable, la desatención del servicio que prestaba”.

No se objetó este punto de un análisis relativo al cumplimiento del principio de presunción de inocencia y, consecuentemente, no lo vamos a realizar, pero sí hay que ponerlo en relación con la indefensión sobre la que antes nos pronunciamos debido a su íntima conexión, Concluimos que desconocemos todos los pormenores de la corta ausencia de la sancionada de su puesto y ello es debido a la irregular actuación procesal de la administración.

El Sr. Abogado del Estado, en su contestación a la demanda, analiza adecuadamente este punto, derivando la cuestión probatoria, de manera nuclear, en el testimonio del dador del parte, en el que sustenta la enervación de la presunción de inocencia, citando para ello criterios jurisprudenciales sobradamente conocidos por esta Sala y que damos por enteramente reproducidos. Empero, en este caso es insuficiente al contar con testimonios de testigos periféricos que fueron interrogados en sede administrativa sin dar posibilidad de intervención, como se dijo, a la encartada.

Por ello, en el presente caso no podemos determinar si hubo o no desatención del servicio, ya que no conocemos todas sus peculiaridades, entre ellas si es inviable acudir al servicio durante la prestación de la guardia el tiempo mínimamente necesario, si es imprescindible para ello pedir autorización y hay normativa u órdenes expresas sobre tal circunstancia y si la existencia de alarmas volumétricas, cuya existencia reconoce la Administración, palían total o parcialmente esta circunstancia.

Pues bien, A la Luz de lo anterior no podemos calificar de antijurídica la acción del demandante y, por ende, subsumirla en la falta disciplinaria por la que fue sancionado, debiendo consecuentemente, estimar la alegación deducida.

FALLO

Debemos ESTIMAR y ESTIMAMOS el presente recurso contencioso- disciplinario militar ordinario interpuesto por Dña. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX contra la sanción de pérdida de un día de haberes, con suspensión de funciones, impuesta por el Teniente Jefe Accidental de la Compañía, en fecha 17 de junio de 2022, como autora de la falta leve prevista y sancionada en el apartado 2 del artículo 9 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, consistente en; “La incomparecencia a prestar un servicio, la ausencia de él, la desatención o la colocación en situación de no ser localizado para prestarlo”. Resolución que fue impugnada en alzada ante el General Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Madrid, que la desestimó mediante resolución de fecha 22 de agosto de 2022.

Resoluciones que anulamos por no ser conformes a derecho, acordando que por la administración se proceda al reintegro a la interesada de las cantidades económicas retraídas, en caso de haberlo sido, junto con los intereses legales correspondientes.

Notifíquese, esta sentencia a las partes, advirtiéndoles del derecho a interponer contra ella recurso de casación ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, preparándolo mediante escrito presentado ante este Tribunal en el plazo de treinta días contados desde el siguiente al de la notificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 503 de la LPM y en la forma prevenida en la sección 3ª capítulo 111, título 1ª de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Se significará a las partes que, con arreglo a cuanto determina el artículo 89.2.f de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el escrito de preparación del recurso deberán justificar, con especial referencia al caso, que concurre alguno o algunos de los supuestos que, con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 88 de la misma Ley, permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo.

Así por esta nuestra SENTENCIA, lo PRONUNCIAMOS, mandamos y firmamos.

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