Sentencia ganada: absolución de un Guardia Civil por un presunto delito de deslealtad

Resumen del caso

Compartimos otra sentencia ganada ante el Tribunal Militar Territorial Primero en la que se pretendía acusar a un Guardia Civil de la comisión de un delito de deslealtad.

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Sentencia

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL PRIMERO

SUMARIO Nº 11/21/21

GUARDIA CIVIL D. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

DILIGENCIA DE COMUNICACIÓN

Secretaria Relator Sra. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

En Madrid, a 02 FEB 2023

Por la presente, se comunica al Letrado D. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MONTEAGUDO, en representación y defensa de D. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX , con entrega de la correspondiente copia, la Sentencia de este Tribunal de fecha 28 de noviembre de 2022, recaída en el procedimiento referenciado y por la que se acordó absolver al acusado del delito de “deslealtad”, significándole que dicha Sentencia aún no es firme.

Asimismo se le hace saber que, de conformidad con el artículo 324 de la Ley Procesal Militar, contra la misma cabe RECURSO DE CASACIÓN ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, que deberá prepararse dentro del PLAZO DE LOS CINCO DÍAS siguientes al de la notificación y presentarse por conducto de este Tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 del mismo Cuerpo Legal.

Remítase al Letrado a través de los medios señalados, uniéndose a las actuaciones los documentos acreditativos de la notificación efectuada. Doy fe.

 

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL PRIMERO

Coronel auditor D. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

VOCAL TOGADO

Comandante auditor D. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

VOCAL MILITAR

Comandante de la GC D. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

 

En la Plaza de Madrid, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se constituye el Tribunal Militar Territorial Primero, formado por las personas relacionadas al margen, para ver y fallar el procedimiento arriba indicado y EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, dicta la siguiente

SENTENCIA Nº 4/2023

El referido procedimiento ha sido instruido por el Juzgado Togado Militar Territorial núm. 11 y de Vigilancia Penitenciaria de Madrid, y en él han sido partes, de una, el Ministerio Fiscal Jurídico Militar y, de otra, el acusado Guardia Civil D. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, destinado en el momento de los hechos en la Sección de aduanas de Abroñigal (Madrid), nacido en Madrid, el XX de XXXXXXXXXXX de XXXX, con instrucción y sin antecedentes penales, que ha permanecido por estos hechos y a resultas de este procedimiento, en situación de libertad provisional, ha sido representado y asistido por el Letrado del ICA de Madrid D. Juan Carlos Fernández Monteagudo.

Se han practicado las actuaciones propias de la Vista Oral en audiencia pública, en ella han estado presentes las partes antedichas y ha sido Ponente el Comandante auditor D. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX , que redacta la presente resolución mediante la que expresa el parecer de la Sala.

Vistos los Autos en Audiencia Pública, oído el apuntamiento de la causa, del que dio lectura la Sra. Secretario Relator, recibida declaración no jurada al procesado, practicada la prueba propuesta y admitida, oídos los informes de las partes y finalmente al acusado, se dicta, previa deliberación y votación, sentencia con arreglo a los siguientes:

ANTECEDENTES PROCESALES

PRIMERO.- Se inició el presente procedimiento como consecuencia de escrito remitido por la Fiscalía Jurídico Militar del Tribunal Militar Territorial Primero, en el que se adjuntaba documentación del General Jefe de la 1ª Zona de Madrid, incluyendo Atestado núm. xxxx-xxx-xxx, dando parte de que el Guardia Civil D. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX, habría aportado en el seno de un expediente administrativo en el que él era el interesado un certificado médico falso, consistente en la exención de su hijo para portar mascarilla por motivo de enfermedad asmática.

SEGUNDO.- Como consecuencia de dicho informe, por la Juez Togado Militar Territorial n” XX y de Vigilancia Penitenciaria, se dictó auto de fecha 1 de septiembre de 2021, por el que se decretó la formación de Diligencias Previas núm. XX/XX/XX.

Con fecha 11 de noviembre de 2021, el Juzgado instructor acuerda elevar a Sumario las presentes actuaciones que venían tramitándose con el carácter de Diligencias Previas, declarando procesado al Guardia Civil D. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX, como presunto autor de un delito de DESLEALTAD previsto y penado en el artículo 55 del Código Penal Militar, aprobado por Ley Orgánica 14/2015.

La aprobación de la conclusión del sumario por el Juzgado Togado Militar fue acordada por auto de 28 de febrero de 2022 de este Tribunal, decretándose, igualmente, la apertura de juicio oral por auto de fecha 4 de abril de 2022.

El 20 de junio de 2022 se declaró cumplido el trámite de calificación, se admitieron las pruebas propuestas en los términos contenidos en aquella resolución, señalándose como fecha para el inicio de las sesiones de la vista la que fuera fijada por la Relatoría del Tribunal.

Habiendo sido señalada fecha para la vista oral el 1 de diciembre de 2022, se procedió a su suspensión en legal forma, habida cuenta la imposibilidad de comparecer del letrado del procesado que tenía otro señalamiento fijado con carácter previo, tal y como se comprobó con la documentación aportada por éste (f. 208).

Con posterioridad, este Tribunal Militar proveyó el señalamiento de nueva fecha para la celebración de la Vista oral. Que el juicio oral se celebró el día 28 de noviembre, en la Sala de Justicia de este Tribunal Militar Territorial Primero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- HECHOS PROBADOS Y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECLARAN, que con fecha 14 de mayo de 2021, el General Jefe de la xª Zona de la Guardia Civil, acordó el cese en el derecho de uso del pabellón oficial num. 9, bloque C, que venía ocupando el procesado en el Acuartelamiento de Barajas (Madrid) por incumplimiento reiterado de las obligaciones propias de los adjudicatarios.

Queda acreditado que con fecha 23 de junio de 2021, el Guardia Civil D. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX en la interposición del recurso de alzada presentado ante el Teniente General Jefe de Mando de Personal, contra la antedicha resolución y como justificación documental de su alegación tercera, aportó certificado médico relativo a su hijo mayor de edad, D. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX . Queda acreditado que el documento en cuestión aparece suscrito con fecha seis de abril de 2020, por el facultativo D. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, con número de colegiado XXXXX, tiene un membrete identificativo del Centro médico de Salud de XXXXXXXXXX , y de su contenido se constata que el hijo del Guardia Civil XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX , Sr. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX está exento de la obligación de portar la mascarilla por COVID-19, por motivo de enfermedad asmática.

Queda acreditado que el incumplimiento de portar la mascarilla había sido uno de los motivos que habían provocado el cese en el uso del pabellón. Del mismo modo, queda acreditado que el recurso de alzada fue estimado por el Jefe del Mando de Personal de la Guardia Civil en lo referente a los impagos y suspendido el procedimiento hasta la existencia de sentencia Firme que declarase la validez del certificado médico presentado por el procesado.

SEGUNDO. -HECHOS PROBADOS, Y ASI EXPRESAMENTE SE DECLARAN, que el certificado médico presentado por el Guardia Civil XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  es falso, por cuanto el Dr. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX ya había fallecido en la fecha de expedición del certificado, y además, nunca había desarrollado su profesión facultativa en el Centro de Salud de XXXXXXXXXX .

Resulta acreditado que el certificado médico emitido supuestamente por el Dr. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX es una fotocopia.

No constan en la Hoja de Servicios del procesado sanción disciplinaria alguna.

FUNDAMENTO DE LA CONVICCIÓN

El Tribunal, tras valorar y ponderar en conciencia la prueba practicada en su conjunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, y cumplimentado lo preceptuado en el artículo 714 de la misma, ha formado su convicción en la fijación de los precedentes hechos probados de la siguiente manera y por los siguientes medios:

Que el General Jefe de la X* Zona de la Guardia Civil, acordó el cese en el derecho de uso del pabellón oficial num. 9, bloque C, que venía ocupando el procesado en el Acuartelamiento de Barajas (Madrid) por incumplimiento reiterado de las obligaciones propias de los adjudicatarios queda acreditado por la documental obrante (ff. 92 y 93).

Resulta igualmente incontrovertido que con fecha 23 de junio de 2021, y así consta documentalmente en las actuaciones, el Guardia Civil D. XXXXXXXXX XXXXXXXXXX interpuso recurso de alzada presentado ante el Teniente General Jefe de Mando de Personal, contra la antedicha resolución, (ff. 94 a 96) y que aportó en sustento de sus pretensiones, documental consistente en fotocopia de certificado médico suscrito con techa seis de abril de 2020, por el facultativo D. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, con número de colegiado XXXXX, con un membrete identificativo del Centro médico de Salud de XXXXXXXXXX , eximiendo al hijo del Guardia Civil XXXXXXXXX  XXXXXXXXX , mayor de edad, de la obligación de portar la mascarilla por COVID-19, por motivo de enfermedad asmática, consta en las actuaciones (f. 97).

Como afirmamos tal cuestión es pacífica entre las partes, toda vez que es reconocido por el procesado en su declaración ante este Tribunal que aportó un documento médico que le facilitó su hijo, manifestando que no se fijó en la fecha del documento aunque sí que lo leyó desde el móvil, de igual modo, manifestó que no había visto tal documento con anterioridad.

Que el incumplimiento de portar la mascarilla había sido uno de los motivos que habían provocado el cese en el uso del pabellón es reconocido por el procesado en su declaración y consta el expediente administrativo que antecede a tal resolución de la documental obrante (ff. 24 a 91). Del mismo modo, queda acreditado en la documental que el recurso de alzada fue estimado por el Jefe del Mando de Personal de la Guardia Civil en lo referente a los impagos y suspendido el procedimiento y la resolución hasta la existencia de sentencia firme que declarase la validez del certificado médico presentado por el procesado (ff. 131 a 133).

Que el certificado médico presentado por el Guardia Civil XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX , es una mera fotocopia que le fue entregada por su hijo, D. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX , se deduce -sin ningún género de dudas- de la documental obrante (ff 97 y 166) así como de la ratificación efectuada en plenario por el Sr. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX a quien se le advirtió con carácter previo a su deposición de su derecho a ser dispensado de la obligación a declarar, en los términos prevenidos en el artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Sr. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX reconoció de forma taxativa que es suya la firma del documento obrante al folio 166, consistente en escrito del Sr. XXXXXXXXXX declarando que el certificado de exención de uso de mascarilla es una fotocopia, firmado por él y datado a fecha 16 de noviembre de 2021.

Que el certificado médico presentado por el Guardia Civil XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX es falso, se deduce, en primer lugar, de la declaración del Tcol. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  quien instó la investigación ya que según declaró ante esta Sala el sello y la firma del documento no era como los que estaba acostumbrado a ver en relación a la documentación médica de sus hijos.

En segundo lugar, especial relevancia cobra en este punto la pericial efectuada por el miembro de la Guardia Civil con TIP” XXXXXXXXXX  componente de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, que formó parte de las Diligencias de práctica de gestiones, Atestado núm. XXXX-XXX-XXX, obrante a los folios 122 y ss. de las actuaciones, debidamente ratificadas ante este Tribunal quien aclaró que fue al centro médico de Salud de XXXXXXXXXX , practicó diversas diligencias de prueba que concluyeron que el personal de administración del centro médico en cuestión, no reconocían ni la firma ni el sello, ya que no era el asignado por la Consejería de Sanidad de la CCAA de Madrid, aportando sello de estampación oficial utilizado habitualmente, tal y como se observa al folio 124 de la Causa.

De tales diligencias se acredita, igualmente, que el facultativo en cuestión había fallecido con anterioridad a la fecha del certificado que portaba su firma (8 de febrero de 2016) tal y como consta a los folios 126 y 127, y además, nunca había desarrollado su profesión facultativa en el Centro de Salud de XXXXXXXXXX, lo que evidenciaba su manipulación y falsedad. Finalmente, el perito afirma que atendida su experiencia el certificado en cuestión, no es auténtico. A continuación, reconoce que no hay elemento probatorio que atribuya la autoría del certificado manipulado al procesado, explicitando que no se deducía su falsedad a primera vista, sino que fue necesario efectuar las diligencias oportunas para su constatación en los términos antedichos.

De las declaraciones del acusado y de los testigos que intervinieron, de manera principal:

1) El acusado: en primer lugar, debemos señalar que el anterior relato fáctico es admitido parcialmente por el procesado, así reconoce que él presentó la fotocopia del certificado que su hijo le facilitó, en el trámite recursivo correspondiente. Pese a lo anteriormente expresado, afirma el procesado que él no era conocedor de la falsedad del certificado en cuestión, poniendo de manifiesto que su hijo ha tenido problemas de salud, concretamente asma, por los que incluso estuvo ingresado en un centro hospitalario, por lo que nunca dudó de la veracidad del documento en cuestión. En apoyo de tales argumentaciones manifestó que su hijo es mayor de edad y él no le acompaña al centro médico hace años ya que el tiene asistencia médica de ISFAS y su hijo utiliza la sanidad pública.

Lo cierto es que la Sala considera creíble lo manifestado por el acusado, esto es, la confianza en que su hijo le facilitó un documento veraz, y por ello hace uso del mismo en los cauces administrativos en los términos que estimó oportunos.

En definitiva, la principal y manifiesta discrepancia entre las partes, se ciñe al conocimiento falsario del documento por el procesado o la ausencia de tal dolo falsario, tal cuestión será abordada más adelante, si bien ya adelantamos que consideramos no concurre tal elemento subjetivo del tipo penal en cuestión.

2) La testifical del Tcol. XXXXXXXXXX no aportó elemento sustantivo alguno en relación a la cuestión nuclear antes adelantada, y se circunscribió a expresar el motivo por el que solicita la realización de indagaciones en relación al documento.

3) La testifical del Sr. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX supuso el reconocimiento expreso de que el había firmado el documento obrante al folio 164 en el que reconoce que el documento en cuestión que él entregó a su padre es una fotocopia. Reconoció haber tenido incidentes con los vecinos pero niega haberle comentado tales cuestiones a su padre. Expresó que él va al médico solo, ya que tiene cobertura de la Seguridad Social y su padre de ISFAS.

La pericial efectuada por el miembro de la Guardia Civil con TIP XXXXXX  componente de la Compañía de Inteligencia del Aeropuerto de Barajas (Madrid) que formó parte de las Diligencias de práctica de gestiones, Atestado núm. XXXX-XXX- XXX fue clarividente para la Sala en los términos antedichos, a los efectos de acreditar la falsedad del documento oficial en cuestión, su carácter no burdo o apto para el engaño ya que como reconoció era necesario efectuar una serie de diligencias mínimas para acreditar tal falsedad.

Por lo que respecta a la ausencia de sanciones disciplinarias, obra documental a las actuaciones (f. 159 vuelto) de la que se desprende tal hecho.

CONCLUSIONES DE LAS PARTES

ACUSACIÓN PÚBLICA.- En el acto de la Vista, y en el trámite prevenido por el artículo 313 de la Ley Procesal Militar, el Ministerio Fiscal Jurídico Militar elevó a definitivas sus conclusiones provisionales y, tras relatar los hechos en la forma que consideró oportuna, estimó que los mismos eran constitutivos de un delito de «deslealtad» del artículo 55 párrafo primero del Código Penal Militar de 2015, del que reputó autor al procesado, sin la concurrencia de circunstancias eximentes o modificativas de la responsabilidad criminal, y solicitando que se impusiera al mismo la pena de OCHO MESES de PRISIÓN, con accesorias y efectos legales, y sin exigencia de responsabilidad civil.

DEFENSA.- En el mismo acto e igual trámite, el Letrado Defensor del acusado elevó a definitivas las conclusiones provisionalmente evacuadas, solicitando para su defendido la libre absolución, al considerar que no era autor del delito por el que viene siendo acusado, al no quedar acreditados los elementos constitutivos del delito de Deslealtad.

FUNDAMENTOS LEGALES

I.- Los hechos declarados probados no tienen encaje penal en el delito de deslealtad por el que viene acusando el Ministerio Público ya que consideramos no concurren todos y cada uno de los elementos de tipo previsto en el párrafo primero del artículo 55 del Código Penal Militar, que castiga “al militar que sobre asuntos del servicio diera a sabiendas información falsa” en los términos que vamos a desgranar a continuación.

Como venimos sosteniendo en esta Sala, por todas, sentencia de diez de abril de dos mil dieciocho, la sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2014, manifiesta que el delito de deslealtad “está conectado con la protección del bien jurídico del deber de lealtad del militar, que se concreta en la exigencia de exactitud de las informaciones que transmite al mando en virtud de sus obligaciones. la lealtad en el ámbito castrense constituye un valor relevante que debe presidir las relaciones entre las personas integradas en la organización militar; especialmente cuando están enmarcadas en el ámbito de la jerarquía, y tiene su componente nuclear en el deber de informar verazmente en los asuntos del servicio, por su relación con el interés del mismo”. Esa misma Sala ha venido diciendo (entre otras sentencias de 22.33.2002; 2.10.2007; 15.10.2015 y 3.3.2016), que la lealtad en el ámbito castrense constituye un valor relevante resaltado por las RROO de las Fuerzas Armadas que debe presidir las relaciones entre las personas integradas en la organización militar, sobre todo en las relaciones jerárquicas, cuyo componente nuclear es el deber de veracidad en los asuntos del servicio y que el reproche penal se asienta en el grave quebranto de la relación de confianza en el ámbito funcional que se produce cuando se facilita información falsa o desnaturalizada sobre asuntos del servicio (sentencia de 1 de diciembre de 2005).

La jurisprudencia de la Sala Quinta, de lo Militar, ha estimado de manera reiterada, que el tipo de deslealtad exige la concurrencia de dos elementos básicos, a saber: en primer lugar que la información guarde relación con el servicio o con un asunto del servicio y, en segundo, que la conducta, es decir el engaño o mendacidad, tenga Capacidad para perjudicar al servicio, siendo atípica la información falsa pero inane, aun cuando incida en asuntos del servicio.

La presentación de un certificado médico como documentación justificativa de lo argumentado en el cuerpo de un recurso de alzada interpuesto ante el Teniente General Jefe de Mando de Personal, contra la resolución por la que se había acordado el cese en el derecho de uso del pabellón oficial que venía ocupando el procesado en el Acuartelamiento de Barajas (Madrid) por incumplimiento reiterado de las obligaciones propias de los adjudicatarios, es indudablemente un asunto de servicio, entendido en el sentido del «conjunto de actos que incumbe realizar a las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de la misión que constitucionalmente le ha sido confiada” y es que atendida la ORDEN GENERAL número 5, dada en Madrid el día 19 de mayo de 2005, relativa a la Regulación de Pabellones oficiales de la Guardia Civil, en su parte preambular ya justifica la necesidad de tal norma en la disponibilidad permanente para el servicio, proclamada como principio básico de actuación en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que aconseja que una parte significativa de los componentes de una Unidad resida en las viviendas oficiales, tradicionalmente denominadas “pabellones”, facilitando de esa manera la localización del personal y el disponer de importantes medios de reacción ante situaciones de urgencia o necesidad. Resultando de aplicación tal norma tanto al procedimiento de adjudicación como cese de los mismos, así como a la resolución que supuso el recurso de alzada en los términos antepuestos, por tanto, guarda indudable relación con el servicio la actuación constatada y concurre, en el presente caso, el primero de los requisitos que conforman el tipo.

II.- La conducta o, mejor dicho, el elemento nuclear de la acción de este delito de simple actividad descrito en el artículo 55 consiste en «dar información falsa» o «emitir certificación en sentido distinto al que le constare». Respecto a la primera de las posibles modalidades delictivas, la Jurisprudencia estima desleal no sólo la transmisión de una información falsa, sino también la transmisión de la verdad desvirtuada. En el caso que enjuiciamos, se ha producido una traslación de una información falsa, por cuanto el certificado oficial no se ha podido emitir por el facultativo en cuestión al estar fallecido años antes de la fecha del documento.

Se trata por lo tanto de una falsedad documental. El artículo 26 del Código Penal dispone que:

«A los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos 0 narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica.»

A su vez, elemento esencial de este delito es el propósito de engañar, debiendo reseñar que el engaño ha de ser bastante. Como reza la sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2009: «el engaño requerido por el tipo penal en cuestión ha de tener cierta entidad y además ha de ser idóneo para causar error y confundir al destinatario de la mendacidad”.

En el caso analizado, la gravedad del engaño es patente y es indiscutible que tiene entidad suficiente para confundir al destinatario de la información y ello porque pese a que se suspendió la resolución en lo relativo a la validez del certificado médico presentado por el procesado hasta la existencia de sentencia firme que declarase su validez, no hay duda de la potencialidad lesiva para el servicio de la conducta desplegada por el Guardia Civil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, en cuanto apta para que el mando en base a una información errónea, adopte una resolución inadecuada en relación al recurso de alzada presentado.

En el caso de autos, la participación del acusado en la confección del certificado en cuestión no ha quedado en modo alguno acreditada, sino que el hijo del acusado reconoce expresamente que fue él quien le entregó a su padre tal documento, sin que se atribuyera expresamente la manipulación del certificado en cuestión, circunstancia que supuso que el Ministerio Público solicitara la deducción de testimonio en relación al hijo del acusado por delito de falsedad documental, cuestión que trataremos posteriormente.

De nuestra jurisprudencia se desprende que la deslealtad punible puede producirse «ex ante», esto es, con un plan preconcebido y la intención de eludir la realización del servicio u obligación que corresponda, o bien «ex post», esto es, con objeto de justificar el incumplimiento de que se trate, que se trataría el caso de autos. No obstante lo anterior, en ambos casos se afecta el bien jurídico esencial de la disciplina del que forma parte el deber de veracidad en las relaciones funcionales entre los militares (arts. 10 y 34 de
las Reales Ordenanzas para las FAS y sentencias de 22 de junio 2001; 3 de mayo de 2007; 4 de diciembre de 2009 y 20 de enero de 2012). En conclusión este elemento del tipo concurre en el procesado que dio información falsa en asunto del servicio en los términos que anteceden.

III.- Por lo que se refiere al elemento subjetivo, el delito de deslealtad previsto en el artículo 55 del Código Penal Militar es esencialmente doloso y debe concurrir un dolo de intención o de primer grado. Así lo manifiesta la sentencia del Tribunal Supremo (Militar), sec. 1%, S 13-12-2016, n* 154/2016, rec. 29/2016, al manifestar que el delito de deslealtad es esencialmente doloso y el dolo forma parte del tipo subjetivo en cuanto elemento del mismo. Es por ello que se exige el elemento intencional de faltar a sabiendas a la verdad con la finalidad de engañar o confundir al destinatario de la información.

Y es que el dolo, como parte integrante del tipo subjetivo, consiste en conocer conscientemente que se está faltando a la realidad. Supone intención de engaño al destinatario sin que dicho dolo abarque resultado. Se produce el dolo falsario cuando el autor tiene conocimiento de los elementos del tipo objetivo, esto es, que el documento que se presenta contiene la constatación de hechos no verdaderos, una «mutatio veritatis» constitutiva del delito de falsedad independientemente del daño. Resulta, por lo tanto, imprescindible el elemento intencional de faltar a sabiendas a la verdad, con la finalidad de engañar o confundir al destinatario de la información.

En el supuesto que enjuiciamos, no concurre el elemento subjetivo exigido porque el sujeto activo, dadas las circunstancias en que los hechos se ejecutaron, el procesado no actuó con dolo falsario de conocer la antijuridicidad de lo que hacía (elemento cognitivo) y querer hacerlo (elemento volitivo), sino que su actuación se produjo, a nuestro juicio, de forma razonable y verosímil según lo depuesto en sede de plenario en la total confianza que un padre tiene de un hijo mayor de edad, con el que convive y ello porque el contenido del certificado en cuestión era compatible con las dolencias físicas (asma) que padecía su hijo, y que el procesado refiere era conocedor.

Entendemos que solo pudo actuar con desconocimiento toda vez que aportó una simple fotocopia, inhábil per se o al menos con un valor que la jurisprudencia ha singularizado, dependiendo del caso en el que nos encontremos, así en relación al valor de las fotocopias en el delito de falsedad documental, la sentencia de Pleno del Tribunal Supremo nº 577/2020, de 4 de noviembre, con cita de la nº386/2014, de 22 de mayo, distingue diferentes supuestos, destacando una idea capital:

“Las Fotocopias de documentos son sin duda documentos en cuanto escritos que reflejan una idea que plasma en el documento original, si bien la naturaleza oficial del documento original no se transmite a la fotocopia, salvo en el caso de que la misma fuese autenticada. Aunque no quepa descartar en abstracto que la fotocopia pueda ser usada en algún caso para cometer delito de falsedad, lo cierto es que tratándose de documentos oficiales esta caracterización no se transmite a aquélla de forma mecánica. Y, por tanto, textos reproducidos carecen en principio y por sí solos de aptitud para acreditar la existencia de una manipulación en el original, que podría existir o no como tal (STS. 25 de junio de 2004)”.

Entendemos que en el seno del procedimiento administrativo en el que se produjo la entrega del certificado por el procesado, la mera solicitud del original correspondiente por las autoridades competentes, hubiera ocasionado que el procesado hubiera sido conocedor de la ausencia del mismo o de la manipulación existente sobre el original, una vez se lo hubiera solicitado a su hijo, circunstancia que al día de la fecha no se ha producido.

Así las cosas, la Sala considera que el dolo no puede ser directamente probado y la inferencia de ese elemento subjetivo ha de extraerse del conjunto de circunstancias que hayan rodeado los hechos y de la propia actuación del actor. Y aquí resulta evidente que el procesado con una trayectoria profesional intachable sin que conste sanción disciplinaria alguna en su hoja de servicios, atendido el contexto en que se producen los hechos, con una situación extraordinaria de pandemia, en el que hubo una motorización normativa constante, que dio lugar a numerosas resoluciones cambiantes en el tiempo según la gravedad de la situación, entre las que se encuentran las exenciones de portar mascarilla, bien pudo creer -sin lugar a dudas- que el certificado que su hijo le facilitaba era concordante con la enfermedad que manifiesta padecía, sin que su desempeño profesional le avale para detectar el engaño en una relación de plena confianza como es la relación paterno- filial. Por lo que entendemos no concurre ese dolo falsario consistente en la conciencia y voluntad de transmutar la realidad, convirtiendo en veraz lo que no lo es y, a la vez, atacar la confianza de sus mandos, en cuanto conocimiento y voluntad de los elementos objetivos que colmen las exigencias subjetivas y teleológicas del tipo penal en cuestión.

A la vista de lo reseñado en los Fundamentos anteriores, se estima que no concurren todos los elementos integrantes del delito por los que se le acusa por parte del Ministerio Fiscal en atención a los Hechos declarados Probados.

IV.- En cuanto a la solicitud de deducción de testimonio formulada por el Ministerio Público, en el trámite de informes previsto en el artículo 314 de la Ley Orgánica Procesal Militar, entendemos que procede tal deducción de particulares en relación al hijo del procesado, D. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, por la presunta comisión de un delito de falsedad documental, previsto y penado en el artículo 392 del CP, de acuerdo con lo argumentado a lo largo de la presente sentencia.

Procede tal deducción del testimonio ya que el certificado médico presentado por el Guardia Civil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, es una mera fotocopia de un certificado cuyo contenido no puede ser real, atendido que está firmado por un facultativo ya fallecido varios años antes de la fecha del certificado, que consta le fue entregada por su hijo, D. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX , (ff. 97 y 166) cuestión que ha sido ratificada en plenario por el propio S. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX .

V.- Al no haberse declarado la existencia de responsabilidad criminal huelga pronunciamiento alguno sobre autoría, circunstancias modificativas de la responsabilidad y sobre responsabilidades civiles.

VI.– No procede hacer pronunciamiento alguno sobre costas por administrarse gratuitamente la Justicia Militar conforme a lo ordenado por el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, el Tribunal dicta el siguiente

FALLO

DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS al acusado, Guardia Civil D. D. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX como autor de un delito de “deslealtad”, previsto y penado en el párrafo primero del artículo 55 del Código Penal Militar, del que era acusado por la Fiscalía Jurídico Militar.

Así por esta nuestra sentencia, extendida en trece pliegos mecanografiados solo por su anverso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos en el lugar y fecha que constan en el encabezamiento.

OTRO SÍ DECIMOS: que una vez sea firme la presente resolución, por la Secretaría Relatoría DEDUZCASE TESTIMONIO A LA FISCALIA JURIDICO MILITAR DE ESTE TRIBUNAL MILITAR, tanto de la presente resolución como de los particulares oportunos, respecto del testigo D. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX por la presunta comisión de un delito de falsedad documental (transcripciones por escrito de su declaración en el acta de la vista oral, así como de las declaraciones del procesado y de los testigos en soporte de audio grabado en el acto del juicio); así como documentación relativa a Atestado núm. XXXX-XXX-XXX, obrante a los folios 122 y ss. de las actuaciones; fotocopia de certificado médico suscrito con fecha seis de abril de 2020, por el facultativo D. XXXXXXXXXX ,con número de colegiado XXXXX, eximiendo al Sr. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX de la obligación de portar la mascarilla por COVID-19, por motivo de enfermedad asmática, consta en las actuaciones (ff, 97 y 166).

Notifíquese a las partes la presente sentencia, haciéndoles saber, de conformidad con el artículo 324 de la Ley Procesal Militar, que contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala V del Tribunal Supremo, que deberá prepararse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación y presentarse por conducto de este Tribunal Militar, conforme a lo dispuesto en el artículo 105, del mismo cuerpo legal.

Firmado digitalmente por el cte. D. XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  (XXXXXXXXXX ) a fecha 24 de enero de 2023.

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